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      Presión tributaria sobre las pymes: por qué es necesario simplificar el esquema

      octubre 1, 2024
      En medio de una fuerte presión tributaria y legislaciones impositivas que suman obligaciones, hoy más que nunca los analistas ponen la atención en las pequeñas y medianas empresas, que padecen el día a día alcanzadas por más de 160 impuestos vigentes en los tres niveles de gobierno. Las sugerencias para dar alivio y un nuevo reclamo de empresarios.
       
      Un combo explosivo

      La legislaciones impositivas, el esfuerzo que implica ajustarse a políticas de déficit cero y la presión impositiva que resulta de ese combo de obligaciones ponen en rojo a muchos contribuyentes, pero sobre todo impactan fuerte en las pymes: según precisan datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre los tres niveles de gobierno que conviven en el país –nación, provincias y municipios– hoy existen como mínimo 163 impuestos y regímenes de seguridad social; que alcanzan directa o indirectamente a las pequeñas y medianas empresas.

      El informe, difundido este año por el Iaraf, toma fuerza estos días en que contribuyentes y contadores corren contra reloj para cumplir con los vencimientos de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y Renta Financiera.

      En medio de reclamos ante la AFIP por esos problemas en los plazos e incluso en sus aplicativos, el Iaraf suma un dato corroborado este mes que delata la crisis de las pymes: hoy, según su relevamiento, una pequeña y mediana empresa paga hasta 47 impuestos si toma la suma de todas las jurisdicciones.

      47 tributos

      Esa cifra surge de un caso modelo que el instituto tomó para analizar el impacto de la presión tributaria. El ejemplo concreto es el de una pyme cordobesa que se dedica a la venta mayorista y minorista de productos electrónicos, y que tiene personal en relación de dependencia. El estudio tomó ese caso como ejemplo de pyme dedicada a una actividad de tipo general, desafectada de disposiciones específicas. El resultado dejó en pie de alerta a los analistas; dado que al momento de ser evaluada esa empresa estaba alcanzada por 47 tributos: en 30 de ellos por su carácter de contribuyente o agente de recaudación anticipada y en otros 17 como sujeto pasivo de retenciones, recaudaciones o pagos a cuenta.

      En detalle, la lista incluye 20 impuestos y sistemas previsionales (11 de ellos nacionales, 5 provinciales y otros 4 municipales), 24 regímenes de recaudación anticipada vinculados con los anteriores (16 nacionales, 5 provinciales y 3 municipales) y también tres normas procedimentales en materia tributaria (nacional, provincial y municipal). 

      El impacto sobre la competitividad

      ”Estas cantidades muestran la complejidad del sistema tributario argentino desde el punto de vista de los sujetos pasivos”,  frente al cúmulo de legislación tributaria que deben conocer; a la permanente actualización que deben contemplar, a la cantidad de declaraciones juradas que deben presentar periódicamente y al número de liquidaciones de pago mensuales o anuales que deben realizar”, sostiene el informe. Y agrega que todo lo enumerado “implica un notable costo de administración tributaria no solo directo, para cumplimentar con sus obligaciones; sino indirecto, derivado de las posibles consecuencias pecuniarias de los errores involuntarios cometidos”. 

      Para el Iaraf la carga es todavía más pesada para aquellos contribuyentes que están incluidos en el régimen de convenio multilateral (que deben tributar en distintas jurisdicciones) y para los que están bajo regímenes específicos para actividades particulares. Es una complejidad que suma a otras que ya enfrentan las pymes y también un costo extra para las empresas e incluso para la AFIP. 

      El desafío, sostiene la entidad, es simplificar el esquema, además de poder bajar los impuestos y eliminar los gravámenes agresivos. “El estudio permite visualizar el enorme costo de administración tributaria, además de la alta presión impositiva, que las empresas privadas argentinas están sosteniendo en todos los niveles de gobierno, y que debiera ser simplificado y reducido para mejorar su competitividad”, concluye.

      Panorama: incertidumbre

      Según otro estudio reciente, realizado en empresas nacionales e internacionales y difundido por el Grupo Adecco; son tiempos de dudas para los directivos que enfrentan un día a día con nuevos desafíos en la economía del país. Tras hacer un sondeo, el informe precisó que hoy hay un 36% de empresarios que siente incertidumbre, una cantidad que supera al 32% que siente que la situación es estable. En los extremos hay otro dato: si bien un 17% mantiene una perspectiva positiva, hay otro 15% que se siente pesimista frente a sus negocios para lo que resta del año. 

      En ese panorama, la presencia de nuevos impuestos -por tributos que no había antes- agrava aún más el día a día de los contribuyentes. El que más impacto tuvo estos días fue, según analistas, el impuesto a la renta financiera, que es retroactivo al primero de enero de 2018, y que tiene a contadores y a contribuyentes enfrentados a la AFIP.

      417.000 PYMES registradas

      Si bien el último sondeo oficial del Ministerio de Producción estimaba en abril poco más de 417 mil pymes registradas, hoy no hay datos reales sobre cuántas son en total, o cuántas cerraron desde entonces. Esas 417 mil son empresas que pudieron obtener el certificado pyme y que lo tenían vigente a abril, pero la AFIP no puede precisar cuántas nacen o cuántas mueren.

      Estar registradas otorga beneficios impositivos y programas de asistencia en todo el país. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde estiman que 7 de cada 10 puestos de trabajo son generadas por pymes, también hay programas de beneficios como un descuento en el impuesto de ingresos brutos.  

      Las pymes, entre la presión fiscal y el ahogo por los planes de pago

      “Una de las mayores resultados probatorios de la presión fiscal que recibe la pyme se observa mirando un balance de las mismas y viendo en su pasivo fiscal la cantidad enorme de planes de facilidades de pago y moratorias a la que está adherida”, alertó Vicente Lourenzo, consultor pyme.

      Para él, estos impuestos regularizados a través de planes solo provoca “que se estire la agonía y que se genere una mayor pérdida” de rentabilidad mensual hacia el futuro. “Para una pyme el riesgo es la descapitalización y el riesgo de cierre”, advirtió; y agregó: “Como contadores trabajamos con las pymes para que puedan maximizar lo poco que tienen; hoy muchas de las que están en pie lo hacen porque el dueño pone sus reservas”.

      ¿Cómo se puede aliviar a una pyme? “Como medida de emergencia es necesario un tiempo de espera, es decir, generar una moratoria pero que prevea por lo menos dos años de espera”, reclamó Lourenzo. Para él, esta moratoria permitirá dar tiempo a que el mercado se recomponga y que la pyme pueda en un futuro; amortizar su deuda fiscal. “Puedo llegar a asegurar que una parte muy mayoritaria de las 400.000 pymes se encuentran en esta situación”, concluyó.

      Pedido de empresarios a la Corte Suprema

      El viernes último, el Foro de Convergencia Empresarial le solicitó la Corte Suprema de la Nación que ”rechace los avances desmedidos de los municipios en la imposición de tasas”. El Foro, que reúne a las principales cámaras y federaciones empresariales, además de organizaciones profesionales; reclamó la medida a pocos días de que la Corte Suprema se expida sobre el conflicto entre la compañía Esso Petrolera Argentina y la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa de seguridad e higiene.

      La definición de este caso, que llevó a audiencia pública a intendentes bonaerenses, organizaciones empresarias y asociaciones civiles que hablaron a favor y en contra de la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales; generó este nuevo reclamo del foro que desde 2014 viene pidiendo una “reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía”.

      En un comunicado, los empresarios insistieron en que de los 163 impuestos que imponen los distintos niveles de gobierno a las empresas e individuos, 82 corresponden a municipios y departamentos; lo que contribuyó a que la presión fiscal, “que era de 22,9% sobre PBI en 2002, creciera 50% hasta llegar a 33,4% en 2019”.

      Por Romina Smith.

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